miércoles, 11 de septiembre de 2019

SERÁ QUE EL PERÚ ES UN PAÍS DE HONORABLES LADRONES…?


Más de 630 funcionarios están involucrados en procesos judiciales iniciados por la Controlaría

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, el contralor general Nelson Shack reveló que en lo que va del año se han iniciado 89 procesos judiciales, impulsados por la Procuraduría Pública de la Contraloría, a partir de los servicios de control realizados por la institución y que involucran a más de 630 funcionarios públicos.

En el marco de dichos procesos judiciales, el monto involucrado en los servicios de control que sirvieron de base para iniciarlos asciende a S/ 355 millones, de los cuales S/ 282 millones corresponden a procesos penales y S/ 73 millones a procesos civiles.

Ampliación de Control Concurrente

Recordó que en la última década el Sistema Nacional de Control envió más de 9,500 casos de funcionarios públicos con indicios de responsabilidad como producto de las auditorías, de las cuales solo 78 tuvieron sanción penal. En el ámbito civil, se remitieron más de 600 casos de funcionarios públicos con presunta responsabilidad civil debido a que con sus acciones ocasionaron perjuicio económico por más de S/ 1,400 millones de los cuales solo se recuperaron S/ 14 millones.

El contralor general anotó que para que el control posterior sea efectivo depende de otros aspectos, como la reforma política, reforma de justicia, la reforma del control, por lo que la Contraloría ha concentrado sus esfuerzos en el control preventivo o concurrente. Por ello, en el 2018 se han hecho 100 controles previos, 18,000 acciones simultáneas y 2,000 mil acciones de control posterior.

En ese aspecto, Shack señaló la necesidad de que el Congreso de la República apruebe el proyecto de Ley N° 3574 que, entre otros aspectos, amplía el modelo de control concurrente para las obras con una inversión superior a los S/ 100 millones, a nivel nacional, que ha demostrado tener un efecto positivo y fundamental en la prevención de la corrupción porque alerta al gestor público deficiencias o riesgos en la ejecución de una obra o servicio con el fin de que mitigue o corrija los hechos advertidos. 

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